Contra el macroproceso 18/98

Como muchas sabréis, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin que hubiese comunicado previamente la sentencia, ordenó el encarcelamiento de 46 personas el día 30 de Noviembre de 2007, imputadas en el macroproceso 18/98. Dichas detenciones se realizaron ante el supuesto riesgo de fuga de decenas de personas que llevaban 16 meses acudiendo semanalmente a las sesiones del juicio, que fue trasladado a la Audiencia Nacional en Madrid, y tras nueve años de tramitación de este proceso. El día 19 de diciembre, finalmente, se hizo oficial la sentencia de más de 500 años de prisión para 47 de las personas imputadas en el citado sumario.

Hace año y medio tuvimos oportunidad de contar con la presencia de uno de los imputados en el proceso, en el marco de unas jornadas organizadas por el colectivo Calecer. Muchas recordaréis que durante aquella charla fue arrojada una bengala en el interior del local, una agresión ultraderechista que, como suele suceder, quedó impune. Como dijimos en un primer comunicado redactado pocos días después de la agresión:
"No por casualidad, la persona que impartía la charla era Mikel Korta, uno de los imputados en el proceso 18/98 que lleva cinco meses celebrándose en Madrid en la Audiencia Nacional. El 18/98 es uno de los mayores juicios políticos que se celebra en el Estado desde la transición política contra la izquierda social, política y sindical vasca. Ese proceso, en el que están siendo vulnerados muchos de los derechos procesales de las personas imputadas, constituye un poderoso instrumento para la represión de los movimientos sociales de Euskadi.
El 18/98, en todo caso, forma parte de una lógica de represión y control jurídico, policial y social contra todos aquellos movimientos que se oponen al pensamiento único y a las políticas hegemónicas. La aplicación cada vez más sistemática de la ley antiterrorista, las cargas policiales, la criminalización de toda forma de disidencia, ilustran los escasos márgenes para la libertad de expresión que permite nuestra monarquía parlamentaria".
La sentencia del 18/98 es extremadamente grave, pues supone “condenar a 500 años de cárcel a 46 inocentes; porque no hay otra forma de encerrar, y utilizar como rehenes, a 46 periodistas, ecologistas, pacifistas, defensores del euskara y activistas sociales de los que no se puede demostrar su vinculación con ETA y de los que, en algunos casos, se puede demostrar exactamente lo contrario” (Santiago Alba Rico y Carlos Fernández Liria, La seguridad de los españoles, Gara).
La propia sentencia y las declaraciones mediáticas y políticas subsiguientes, criminalizando a aquellas personas y organizaciones que denunciamos públicamente el carácter de este proceso, significa un agravamiento y profundización de la teoría del entorno, que permite justificar la aplicación cada vez más amplia de la Ley Antiterrorista.
A continuación os adjuntamos un breve dossier con diversos artículos publicados en estas últimas semanas denunciando las numerosas vulneraciones de las garantías jurídicas y procesales en este macroproceso y las consecuencias de esta sentencia en la escalada represiva y el recorte de las libertades. Sobre este incremento de la represión tenemos importantes muestras en los últimos tiempos en Asturias. Tomar conciencia de esta realidad y enfrentarnos colectivamente a ella es, más que nunca, necesario.
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