La población penitenciaria española ha experimentado una llamativa reducción desde 2010, tras 30 años de hiperencarcelamiento. A medida que la deudocracia impone su excepcional austeridad selectiva y las políticas públicas administran más daño social, el secuestro institucional parece perder protagonismo como herramienta de gobierno y la expulsión gana peso como mecanismo productor de penalidad. Ya no la expulsión a la cárcel propia del estado penal neoliberal, sino una expulsión en sentido mucho más amplio, como lógica constitutiva de una ecología del castigo impuesta bajo el actual régimen de acumulación y desposesión.