Para decirlo tan claramente como sea posible, el asunto de la tortura, o más bien el de los métodos de interrogación aceptables o no en el seno de las sociedades democráticas, suscita en esta óptica cuatro interrogantes muy simples, aunque acentuadamente abstractas, que no podemos borrar de un manotazo: - ¿Existen situaciones de urgencia extrema en las que el uso de la tortura sería la única solución que se presente como una especie de necesidad para obtener informaciones con vistas a salvar vidas humanas? - ¿En circunstancias semejantes, la tortura se presentaría como moralmente aceptable? - ¿Y si tal fuera el caso, sería eficaz? - Por último, ¿quién debería tomar entonces la decisión de recurrir a la tortura, y cuáles deberían ser las consecuencias de esta decisión que constituye una de las violaciones más graves de las normas del derecho y de los principios fundamentales de nuestras sociedades liberales?