Eduardo Romero
Mariarosa Dalla Costa, feminista italiana que ha analizado las migraciones hacia las principales potencias europeas devastadas por la Segunda Guerra Mundial, relata en su libro Dinero, perlas y flores en la reproducción feminista cómo, ante el control que las mujeres habían conquistado sobre la procreación, «De Gaulle se dirige en 1945 a las mujeres francesas, pidiéndoles de manera desconsolada doce millones de bebés». Dalla Costa apunta entonces cómo la emigración argelina ocupa el vacío demográfico que ponía en peligro la reconstrucción posbélica en términos capitalistas. Esta interpretación de la emigración argelina como «política de repoblación» –añade Dalla Costa– no debe entenderse como mero «restablecimiento cuantitativo» de población sino como una estrategia del Estado para responder a las consecuencias que los procesos de autonomía de las mujeres pueden provocar sobre el modelo de desarrollo. Más que una «política de repoblación» es una política de «restablecimiento de la clase obrera: las mujeres argelinas llegaban con marido e hijos y seguían produciendo hijos, en sustancia destinados a la fábrica». La inmigración argelina a Francia se complementaba, por cierto, con la llegada de inmigrantes procedentes de Italia, España y Portugal. Dalla Costa insiste: «esta relación no hay que interpretarla en términos matemáticos sino políticos. (…) el nexo entre, por un lado, evolución demográfica desfavorable (a la que intentan poner remedio las medidas ‘incentivadoras’ de la natalidad y las expulsiones –o ulteriores marginaciones– de las mujeres del trabajo asalariado) y política de emigración, por otro, viene de antiguo, aunque los políticos rara vez lo hayan puesto en evidencia».
Dalla Costa afirma que el dominio estatal de los índices de fertilidad y natalidad es un asunto planteado por la economía política al menos desde mediados del siglo XIX, vinculado a las necesidades capitalistas de reproducción de la fuerza de trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial se amplía la «ajenidad de intereses» entre los Estados europeos –que pretenden impulsar el crecimiento demográfico– y las mujeres– que rechazan crecientemente «funcionar como apéndices de planes de desarrollo que las quieren garantes de una prole numerosa, sujetas a largas jornadas de trabajo en el hogar y en el campo, y en la fábrica, y en la oficina, y atadas y guetizadas en situaciones de dependencia personal». El abandono del campo y la ruptura con los poderes de mando vinculados a las relaciones familiares son parte de los procesos de conquista de autonomía por parte de las mujeres. Sobre todo en aquellos países –Francia, Alemania, Suiza– donde la clase obrera logra alcanzar salarios más altos y las mujeres rechazan de forma más contundente la procreación, la inmigración aparece como un instrumento para restablecer «una clase convenientemente disciplinada y con unas dimensiones adecuadas».
Ahora que, en el Estado español, tanto se habla de la Europa fortaleza y del cierre de fronteras, convendría recordar que en la última década la población inmigrante se ha multiplicado hasta alcanzar cifras superiores a las cinco millones y medio de personas. El crecimiento económico del PIB español, sobre todo a partir del año 2000, ha descansado sobre las espaldas de mujeres y hombres inmigrantes, utilizados como fuerza de trabajo precaria, vulnerable, desarraigada y sin derechos, en sectores muy intensivos en mano de obra, tanto de la economía legal como de la sumergida. Esta última alcanza porcentajes muy elevados. En el año 2008 el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) afirmaba que la economía sumergida en España representaba el 23 por ciento del PIB y, en tiempos de crisis de acumulación del capital, es probable que ese porcentaje se haya incrementado.
Los diferentes dispositivos implementados a través de la legislación de extranjería para ejercer el control sobre la población inmigrante –renovaciones del permiso de residencia y trabajo vinculadas a conservar un empleo, controles policiales racistas, apertura de procedimientos de expulsión, internamiento de miles de personas en Centros de Internamiento de Extranjeros–, no son principalmente instrumentos de control de los flujos migratorios. Operan como medios para extender el miedo y la vulnerabilidad entre todo el colectivo, enseñando a este sector de la población, con contundencia, que la estrategia personal más adecuada para permanecer aquí es mantener una actitud sumisa y una presencia lo más invisible posible en los espacios públicos. En un contexto de envejecimiento de la población española y europea y de crecimiento, en la última década, de sectores económicos –construcción, turismo, hostelería, trabajo de cuidados– muy intensivos en mano de obra, la presencia de varios millones de personas en estas especiales condiciones de vulnerabilidad social, laboral y jurídica conforman ese «restablecimiento de la clase obrera» del que hablaba Dalla Costa. Las miserables condiciones de trabajo que se ven obligadas a aceptar estas personas empujan, además, hacia mayores cotas de precariedad al conjunto de la población. Mientras, la llegada de mujeres inmigrantes, con tasas de fecundidad más elevadas y una edad media de maternidad más temprana, contrapesan parcialmente la tendencia hacia un crecimiento vegetativo negativo.
El pasado mes de enero Felipe González intervino en la Conferencia Inaugural del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2010. Sus palabras recuerdan a las de De Gaulle y son una buena muestra de las verdaderas necesidades del capitalismo español y europeo: «Necesitamos a las mujeres en el mercado de trabajo y en la lucha contra el declive demográfico. Tiene que acabar esa cultura absurda de no contratar a una mujer joven porque se queda embarazada. Contrátela, por favor, y sobre todo si se va a quedar embazada», señaló el político socialista entre risas de los asistentes. «Atención: dentro de 20 años nos faltarán 30 millones de activos y dentro de 40 años nos faltarán 50 millones de activos. ¿Cómo se resuelve eso? Ése es el desafío demográfico de Europa», señaló además el expresidente del gobierno español. El discurso habitual de instrumentalización de la población inmigrante en favor de las necesidades del mercado de trabajo queda aquí complementado por la instrumentalización de las mujeres como productoras de hijos e hijas para alimentar la fábrica europea.
«Sobre todo en aquellos países (…) donde la clase obrera logra alcanzar salarios más altos y las mujeres rechazan de forma más contundente la procreación, la inmigración aparece como un instrumento para restablecer «una clase convenientemente disciplinada y con unas dimensiones adecuadas».
El papel de las mujeresinmigrantes en Asturias
El 1 de septiembre de 2009 había en Asturias casi cuarenta mil inmigrantes con tarjeta de residencia. Prácticamente la mitad eran mujeres. Aproximadamente un cincuenta por ciento de las casi veinte mil mujeres inmigrantes con tarjeta de residencia, están incluidas en el Régimen Comunitario, por proceder de países de la Unión Europea.. Las 9.605 mujeres restantes se encuentran en el Régimen General. La mayor parte de ellas, más un número difícil de determinar de mujeres inmigrantes sin papeles –pero que también se cuentan por miles–, son las que sufren de forma directa los múltiples dispositivos estatales que constituyen la legislación de extranjería, bien por estar directamente amenazadas de expulsión, bien por encontrarse en el largo y tortuoso trayecto de renovaciones de su permiso de residencia.
Enseguida destaca un dato al analizar los sectores laborales en los que quedan encuadradas las mujeres inmigrantes: 2.300 inmigrantes, la inmensa mayoría mujeres y extracomunitarias, están dadas de alta en el Régimen Especial de Empleadas del Hogar. Es decir, el 14 por ciento de la población inmigrante dada de alta en la Seguridad Social en Asturias, está en este Régimen. Por el contrario, solamente lo está el 1 por ciento de la población autóctona. El caso asturiano –con sus sectores económicos tradicionales en crisis desde hace décadas y con un envejecimiento de la población aún más acusado– es especialmente destacado en este sentido, pues en el resto del Estado español es solamente el 9,19 por ciento de la población inmigrante que cotiza la que está en este sector. Otra actividad en la que trabaja un número muy importante de mujeres inmigrantes es la prostitución. El número de ellas en Asturias es difícil de precisar, pero algunas estimaciones lo sitúan entre las 1.800 mujeres y las 3.000. De ellas, el 85 por ciento son inmigrantes: la mitad, latinoamericanas, y la mayoría del resto son africanas y europeas del este.
Al número de mujeres adscritas al Régimen Especial de Empleadas del Hogar habría que añadir a otras muchas que trabajan sin contrato. La propia legislación sólo obliga a quien contrata a dar de alta a las trabajadoras que presten servicios por un tiempo igual o superior a las ochenta horas de trabajo mensuales. La base de cotización a jornada completa es de 728 euros, con una cuota a la Seguridad Social de tan sólo 160 euros, un 22 por ciento sobre el salario. De este porcentaje, un 18,30 por ciento lo debe cubrir el empleador y un 3,70 por ciento la persona empleada. En el caso de ser empleadas del hogar discontinuas –es decir, que prestan servicios para uno o varios hogares durante un mínimo de 72 horas mensuales–, la cotización se carga exclusivamente a la trabajadora.
Las ecuatorianas, paraguayas, colombianas y dominicanas son mayoría en Asturias en el Régimen Especial de Empleadas del Hogar. Y es que las mujeres representan más del sesenta por ciento de la inmigración procedente de América Latina, mientras que las africanas son solamente un tercio de la inmigración procedente de su continente.
Ante el desentendimiento de los hombres del trabajo de cuidados y la acelerada incorporación de las mujeres autóctonas al mercado de trabajo –en condiciones mucho peores que los hombres–, el papel de las mujeres inmigrantes como cuidadoras de personas dependientes y de hogares juega un papel cada vez más relevante. De hecho, en los Regímenes Especiales del Hogar y Agrario se han ido incorporando inmigrantes a lo largo de 2009, pese a la crisis: el número de trabajadoras creció en unas 140 personas en el Régimen del Hogar. Tras la espectacular destrucción de empleo en el sector de la construcción, se puede afirmar con más firmeza todavía que el perfil de la persona inmigrante que vive en Asturias no es la del hombre que construye casas o infraestructuras, o se dedica a la venta ambulante. Quizás son los perfiles más visibles. Pero las cifras iluminan los territorios en penumbra por los que transitan miles de mujeres inmigrantes dedicadas al cuidado.