Pedro Menéndez
Resulta paradójico recurrir a la estadística[1] para abordar de forma conjunta mujer(es) y trabajo(s). Es conocida la secular falta de datos sobre las actividades no remuneradas que, hasta su (re)incorporación al mercado laboral y aún hoy en épocas y espacios concretos, han ocupado la mayor parte del tiempo de las mujeres. Partimos, por tanto, de unas estadísticas mutiladas o, más bien, mutiladoras, más aún cuando se trata de mujeres inmigrantes. Las afiliaciones a la Seguridad Social, por ejemplo, sólo aportan los datos de las extranjeras con contrato, y para acceder a él resulta imprescindible la condición de ciudadanía (o el consabido permiso de trabajo)[2]. Así que, «libres» ya de las inmigrantes sin papeles, invisibilizadas en la economía sumergida, abordemos esas estadísticas, muchas de las cuales – conviene tenerlo presente – son elaboradas por un gobierno que es parte interesada en la cuestión.
Los tres últimos años han sido el escenario de una crisis que, en el caso del Estado español, ha sido también una crisis de empleo. 2009 acabó con más de cuatro millones de personas en paro, de las que un millón eran inmigrantes. ¿Cómo ha afectado esa pérdida de empleo a las extranjeras? Según las últimas Encuestas de Población Activa, están soportando mejor la destrucción de puestos de trabajo que, sobre todo en 2008, se cebó con el sector de la construcción[3]. Si bien tradicionalmente la tasa de paro de las inmigrantes es superior a la de los hombres, en los dos últimos años la tendencia cambió. El paro masculino pasó del 8,8% en 2006 al 33,1% en 2009, mientras que en el caso de las extranjeras el incremento fue más moderado, del 16,1% al 25,5%. Así todo, entre el cuarto trimestre de 2007 (inicio de la crisis) y el mismo periodo de 2009, se produjo un aumento de 210.400 desempleadas, más del doble[4]. Y un dato significativo: la tasa de paro más alta recayó en africanas (sobre todo marroquíes) y asiáticas, con el 44,7%. Por sectores, el paro ha arreciado con más fuerza entre las trabajadoras del sector servicios. En 2009, 211.800 desempleadas, más del 50%[5], procedían de la economía terciaria. Las nacionalidades más afectadas fueron la ucraniana, argentina, peruana, dominicana y china. Como nota positiva, aunque cuantitativamente de poca importancia, desciende el número de desempleadas en dos sectores, la agricultura y la industria.
No sólo las tasas de desempleo han bajado, las afiliaciones de extranjeras a la Seguridad Social ofrecen porcentajes más halagüeños. En 2009 fueron el 43,5% de los contratos laborales firmados por inmigrantes. El dato mejora el 42,2% de 2008 y el 39,3% de 2007[6]. En cualquier caso, este crecimiento porcentual parece estar más relacionado con la pérdida de afiliación entre el colectivo masculino que con un aumento significativo de las altas laborales entre las extranjeras. Además, ese 43,5% es aún inferior al porcentaje entre el total de población foránea, en el que las mujeres son el 44,8%.
Pero los datos anteriores no reflejan las diferencias entre inmigrantes de distintos países. Ya se ha mencionado la tasa de paro entre africanas y asiáticas, aproximadamente el doble que las de latinoamericanas y europeas. En cuanto afiliaciones a la Seguridad Social, en números absolutos destacan las rumanas, las ecuatorianas, las colombianas y las marroquíes. Sin embargo, las últimas sólo suponen el 23,9% de las altas laborales de sus compatriotas[7]. Los porcentajes más altos son para bolivianas y dominicanas, con casi el 64%. Ucranianas, colombianas y ecuatorianas también son mayoría en la Seguridad Social respecto a sus compatriotas masculinos.
¿Qué lectura cabe hacer de estos números? Si nos quedamos en los análisis de carácter más bien amable, como los que jalonan el último informe de Miguel Pajares, positiva o, al menos, esperanzadora. Sin embargo, las cifras ocultan la generalizada explotación de la población inmigrante. Por citar dos cuestiones, en el marco de la división sexual del trabajo es reveladora la especialización de las extranjeras en el servicio doméstico. Sin contabilizar a las sin papeles, en la última década se han duplicado las afiliaciones en el Régimen Especial del Hogar, y más de la mitad, casi 180.000, son personas inmigrantes[8]. En segundo lugar, el mencionado incremento en las tasas de actividad y de ocupación y en las listas de la Seguridad Social está vinculado al proceso de incorporación de las mujeres al mercado laboral. La feminización de la fuerza los porcentajes a costa de responder a las «necesidades» de determinados sectores de actividad: salarios más bajos[9], temporalidad, peores empleos, percepción de menor combatividad, etc.
Estas estadísticas positivas son en parte el reverso de las estadísticas negativas de los trabajadores extranjeros. En 2008, la destrucción de empleo en la construcción llevó al paro a muchos inmigrantes, y fueron las mujeres quienes nutrieron las listas del INEM en busca del empleo perdido en la familia. Ese año, el «efecto del trabajador añadido» fue femenino. Pero no siempre es una sustitución completa, pues los nuevos salarios son más bajos. En 2009 la tendencia se invirtió; la destrucción de empleo llegó al sector servicios. Sería interesante conocer cuántas familias perdieron ambos empleos en ese periodo.
Respecto a la inmigración «ilegalizada» y a la economía sumergida, ya se apuntó al inicio las limitaciones que la estadística encuentra en esos campos. En cualquier caso, existe una disyuntiva sobre su evolución en los periodos de crisis como el que nos atañe. Desde algunas atalayas (sindicatos, medios…) se ha señalado un incremento de inmigrantes sin papeles y de trabajo informal como consecuencia de la recesión. En su informe de 2010, Miguel Pajares argumenta que no hay datos disponibles para afirmar o negar tal incremento, ni para certificar si la proporción de trabajo sumergido entre los extranjeros aumenta o disminuye[10]. Lo que sí se antoja importante en este contexto es reseñar un cambio en la procedencia de esta inmigración. En años precedentes llegaba desde el exterior. Desde 2008 ha crecido la proporción de quienes sufren irregularidad sobrevenida, es decir, personas que han perdido la autorización de residencia y trabajo por la imposibilidad de renovarlas. Hoy, la crisis no sólo importa inmigrantes sin papeles; también los crea dentro de las fronteras del Estado, al despojarles de unos permisos cada vez más caros de preservar ante la precariedad del empleo.
[1] Fuentes consultadas: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística (INE); Encuesta de Migraciones, Instituto Nacional de Estadística (INE); Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración; Observatorio Permanente de la Inmigración; Pajares, Romero, Miguel, Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2010; Romero, Eduardo (2010), Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones fronteras y capitalismo. Oviedo, Editorial Cambalache.
[2] Y en el caso del padrón municipal, no pocas sin papeles evitan registrarse por miedo, valga la redundancia, a los registros domiciliarios. En cualquier caso, el padrón aporta una información de carácter poblacional, pero nada nos dice sobre la situación laboral de las personas inscritas.
[3] De 404.625 extranjeros afiliados en marzo 2007 se pasó a 210.735 a 2009.
[4] Aunque el año pasado «sólo» representaron el 27% del desempleo extranjero. En el mismo periodo, el número de desempleados entre los varones inmigrantes se cuatriplicó, al pasar de los 202.800 a los 661.000
[5] El porcentaje puede ser mayor, ya que la EPA contabiliza aparte a las paradas de más de un año, muchas ellas procedentes del sector servicios, que en 2009 ascendieron a 123.300.
[6] Cabe resaltar que el aumento más significativo de afiliaciones a la Seguridad Social por parte de extranjeras se produce en 2005, debido al proceso de regularización que rescató gran parte del trabajo sumergido vinculado al servicio doméstico.
[7] El más bajo de las once nacionalidades seleccionadas.
[8] De ellas, 157.155 son personas extracomunitarias.
[9] Entre 1994 y 2006, la diferencia salarial entre sexos aumentó del 39% al 43%.
[10] A pesar de ello, Pajares tira de los datos del padrón y del número de autorizaciones de residencia, una práctica con demasiadas lagunas para tomarla en consideración, para apuntar en una dirección: en los últimos años, la diferencia entre los primeros y las segundas (el resultado sería el supuesto número de inmigrantes irregulares) disminuye. En definitiva, Pajares parece alinearse con las tesis más institucionales, que apuntan a una reducción de la inmigración irregular en este periodo de crisis.