Archivo de la categoría: Migraciones

13ª Feria del libro de Cambalache

[descargar programa en pdf]

sábado 4 de noviembre a las 19h
Presentación de la 13ª feria del libro con proyección documental: Gurumbé. Canciones de tu memoria negra (2016, 72’). Con Miguel Ángel Rosales (director).

viernes 10 de noviembre a las 19h
Charla-debate Tres miradas mujeristas: Aidoo, Emecheta y Nsue, con Marta Sofía López.

viernes 10 de noviembre a las 21h
Presentación del libro de relatos El bombero de Pompeya  (Libros de la Herida, 2017) + pincheo, con Miguel Ángel Argüez (autor) y del poemario Escalones que descienden hacia arriba (Luces de Gálibo, 2017), con David Eloy Rodríguez (autor). [+ pincheo]

el sábado 11 de noviembre a las 12h
Actividad infantil. Encuentro con los libros: La  pequeña gran aventura de la araña Juliana y El libro de los deseos, ambos editados por Libros de la Herida, con David Eloy Rodríguez y Miguel Ángel Argüez (autores).

el sábado 11 de noviembre a las 19h
Presentación del libro: Trincheras permanentes. Intersecciones entre política y cuidados. Con Carolina León (autora).

el sábado 11 de noviembre a las 20.30h
Presentación de la revista feminista La Madeja nº 8: Sexualidades (Cambalache, 2017). Con Irene García Roces, Inés Herrero Riesgo e Irene S. Choya (editoras). [+ cena de traje]

el jueves 16 de noviembre a las 19.30h
Presentación del libro: Las falsas promesas psiquiátricas, La Linterna Sorda, 2017. Con Guillermo Rendueles (autor).

el viernes 17 de noviembre a las 20h
Presentación del libro: Cervantes libertario (Corazones Blindados y Fundación Anselmo Lorenzo, 2016) y Los dibujos del paraíso de las islas. Una utopía libertaria en imágenes OP (CEDCS – VP/Fulminantes, 2015). Con Emilio Sola (autor).  

el sábado 18 de noviembre a las 19h
Encuentro con Pepitas de Calabaza editorial.

el sábado 18 de noviembre a las 20.30h
Presentación del libro: Vidas a la intemperie. Nostalgias y prejuicios sobre el mundo campesino con Marc Badal (autor). [+ pincheo]

el sábado 11 de noviembre a las 22h
Concierto: Antón Menchaca (presentación nuevu discu)

el domingo 26 de noviembre a las 12h en el Teatro Filarmónica
Cierre de la 13 ª Feria del libro. Teatro: Catalina y los bosques de hormigón. La Vereda Teatro.

 

Reseña sobre ‘Paremos los vuelos’

Los vuelos de la vergüenza. Sobre los vuelos de repatriación forzosa de inmigrantes

134 vuelos, 3.373 personas. Estas son las cifras que se daban a conocer el mes pasado en el informe anual que recopila la Defensora del Pueblo en su función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP): en 2014, el Ministerio del Interior fletó, en solitario o en colaboración con Frontex (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores) un total de 134 vuelos de deportación de inmigrantes. Tras ellos, 3.373 historias de acoso racista, abusos policiales e institucionales, de proyectos de vida hechos añicos y de amistades y familias separadas de la noche a la mañana.

La mayoría de estos vuelos (99 de ellos) fueron a Ceuta y Melilla, desde donde se les expulsó a Marruecos. De los restantes, 17 vuelos fueron organizados conjuntamente con Frontex con destino a Pakistán, Georgia, Macedonia o Albania, y los otros 18 expulsaron a unas 700 personas principalmente a Malí, Senegal, Nigeria, Colombia o Ecuador.

Otro dato “curioso” es que España es el Estado que más vuelos ha organizado con Frontex desde 2010, cuando comenzó esta colaboración. En esos cinco años hasta finales de 2014, han sido 31 vuelos, la mayoría a Latinoamérica y a Georgia y Ucrania. Una cifra muy alejada del siguiente país de la lista, Italia, que a pesar de haber recibido casi veinte veces más inmigrantes, “sólo” fletó 18 de estos vuelos con Frontex, todos ellos a Nigeria.

Pero tampoco olvidamos que la vía aérea no es la única vía de deportación: en total, a la cifra inicial hay que sumar otras 8.444 personas expulsadas, un total de 11.817 personas en el año 2014 expulsadas por tierra, mar y aire.

Lo que ocurre en los vuelos

deportados_guateDejando de lado las cifras, todo lo que respecta a los vuelos es tratado con sumo secreto. Las compañías aéreas que operan estos vuelos han firmado previamente un compromiso de silencio con el gobierno que les prohíbe divulgar, fotografiar o grabar nada de lo que ocurre en el interior. El informe de la Defensora del Pueblo tampoco menciona nada al respecto, a excepción de algunas recomendaciones como que haya médico e intérprete en los vuelos, reconocimientos médicos, o que se graben los operativos en expulsiones “conflictivas”. De lo que no habla el informe es de la violencia y abuso policial que tienen lugar en los vuelos de deportación según multitud de testimonios de personas deportadas por este medio.

Desde el momento en que la policía congrega a las personas que van a ser expulsadas, algunas de éstas se resisten e incluso se autolesionan para ganar tiempo y evitar la deportación. Ante esto, la policía no duda en recurrir a la fuerza o directamente a la sedación forzosa, que también es utilizada en ocasiones una vez subidos/as al avión.

Las personas repatriadas son trasladadas a furgones policiales con las manos engrilletadas con una especie de cuerda negra, que puede ser sustituida por esposas si la resistencia es mayor. Otra práctica empleada sobre los/as inmigrantes que continúan resistiéndose es la de rodearles el cuerpo con una “cinta reforzada”, una especie de cinta aislante fuerte, con la que les atan como a una momia y les llevan directamente a cuestas.

Del furgón, por lo general, pasan directamente al avión, evitando ser vistos/as por viajeros/as o trabajadores/as que se encuentren en el aeropuerto. De nuevo la policía emplea la fuerza necesaria para obligarles a subir. El número de policías al menos iguala al de personas deportadas, sentándose intercalados/as policía-deportado/a en el avión. Algunos de los testimonios mencionan gritos, vómitos provocados y golpes con un guante negro reforzado en los nudillos, por parte de la policía. En abril de este año, se hizo público un vídeo grabado por pasajeros/as de un vuelo comercial en el que la policía deportaba a un inmigrante dominicano. Al presentar resistencia y comenzar a gritar (en este tipo de vuelos, el capitán puede negarse a volar llevando a alguien contra su voluntad), una policía antidisturbios de paisano comienza a golpearle con saña portando dicho guante negro. A pesar de verse la escena claramente en el vídeo, la única consecuencia fue una investigación policial para estudiar si la actuación “fue proporcionada”.

Y es que todas estas prácticas están amparadas en el protocolo de actuación durante los dispositivos de repatriación, que legaliza las sedaciones forzosas (siempre y cuando sean aprobadas por el/la médico del dispositivo, es decir, un/a funcionario/a de la policía), la mencionada cinta reforzada, o el uso de la violencia (“proporcionada”, claro…). Lo más sádico de todo esto es que este protocolo se presentó en 2007 como una medida para garantizar los derechos humanos, tras la muerte a bordo de un vuelo de deportación Madrid-Lagos del nigeriano Osamuyi Aikpitanyi, provocada presuntamente por asfixia debida a la cinta que amordazaba su boca.

Deportaciones exprés

En contra de lo que se pudiera suponer, no todas las personas repatriadas pasan previamente por un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). Para la mayoría, la confirmación de su expulsión forzosa llega en los calabozos de comisaría horas antes de embarcar (en 2013, se produjeron 1.736 repatriaciones más desde comisarías que desde CIE). Son las conocidas como deportaciones exprés, llevadas a cabo en menos de 72 horas y sin ningún tipo de intervención jurídica.

El aumento de esta práctica en los últimos años está precisamente relacionado con los vuelos de deportación: cuando se programa un vuelo a un determinado país, los días antes se pone en marcha una persecución de las personas de dicha nacionalidad mediante redadas racistas para llenar al máximo posible las plazas del vuelo.

Las personas detenidas de esta forma no tienen ninguna posibilidad de demostrar su arraigo, inserción laboral, social y familiar, aspectos que en muchas ocasiones serían legalmente suficientes para frenar la deportación.

El negocio

vuelosverguenza_Detrás de todo este tinglado nos encontramos a las empresas adjudicatarias del contrato de los vuelos de deportación: Air Europa y Swift Air. Desde 2013, estas dos compañías aéreas son las que ejecutan los vuelos, tras firmar con el Ministerio del Interior un contrato de 12 millones de euros en 2013 hasta 2015, y este año un nuevo contrato de 11 millones hasta 2016. El contrato detalla además que el importe que finalmente se facturará a la empresa adjudicataria “será el que resulte del gasto real producido en función de los servicios efectivamente prestados”.

Este no es el único contrato con la Administración del que disfruta Air Europa: en 2013 la empresa firmó con el Ministerio del Interior un acuerdo marco para el transporte aéreo de personal a zonas de operaciones, ejercicios u “otro tipo de actividades”, valorado en 30 millones de euros, según la Plataforma por el Cierre de los CIE.

A los intereses del grupo Globalia, del que forman parte Air Europa y Swift Air, en los vuelos de deportación, se suman los de agencias como Halcón Viajes o Viajes Ecuador, operadores turísticos como Travelplan o Latitudes, empresas de asistencia en tierra, transportes terrestres, hoteles, etc., que prestan servicio de una u otra forma en el transcurso de estos vuelos de la vergüenza.

Para profundizar en el turbio negocio de estas compañías recomendamos la lectura del libro “Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa”, reseñado al final de este artículo.

Algunas referencias de cara a lucha contra el racismo institucional

Los vuelos de deportación son sólo una pequeña parte de todo el conjunto de medios que despliega el Estado en la persecución de las personas inmigrantes: vallas y concertinas, patrullas fronterizas, redadas racistas, centros de internamiento de extranjeros…

Numerosos colectivos llevan años luchando contra todo esto, dando a conocer una realidad totalmente invisibilizada en los medios de masas y organizando campañas, acciones y manifestaciones de distinto tipo. Queremos dar a conocer algunas de ellas con el fin de llamar a la solidaridad y a continuar la lucha hasta que CIEs, redadas y vuelos sean algo impensable.

  • En cuanto a la lucha por el cierre de los CIE, recomendamos el blogwww.cerremosloscies.wordpress.com, que recoge gran cantidad de materiales e información en el marco de la campaña Cerremos los CIE de la asociación Ferrocarril Clandestino, y también, desde Valencia, el blog ciesno.wordpress.com.

El pasado 15 de junio se celebró el Día Mundial Contra los CIE. Durante toda esa semana tuvieron lugar distintas convocatorias tanto culturales o festivas como reivindicativas. En Madrid, Barcelona y otras ciudades la semana culminó el sábado 20 de junio con una manifestación por el cierre de estos centros. Puedes ver las acciones realizadas en todo el mundo en www.15jdiacontraloscie.wordpress.com.

  • Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (www.brigadasvecinales.org) observan, vigilan, documentan y visibilizan desde hace años las redadas policiales racistas que tienen lugar en los barrios con alta población migrante.

  • La organización SOS Racismo (www.sosracismomadrid.es) lleva más de veinte años organizando distintas campañas contra todas las formas de racismo que ejerce el Estado, además de prestar atención jurídica y psicológica, talleres formativos, etc.

  • Sobre los vuelos de deportación, el blog www.stopdeportacion.wordpress.com, integrado en la campaña por el cierre de los CIE, recopila todo tipo de noticias, análisis y convocatorias relacionadas con los vuelos de la vergüenza. En este sentido destacamos la campaña de boicot a Air Europa, con concentraciones en los aeropuertos previas a vuelos de deportación, manifestaciones a distintas sedes de la compañía, etc.

Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa.

Ensayo. Editorial Cambalache. 2014. 112 páginas.

PortadaParemosLosVuelosPara finalizar, recomendamos la lectura de este libro publicado el año pasado que recoge un análisis del perverso y millonario negocio de los vuelos de deportación en elLos vuelos de la vergüenza.

Cada año, el Estado español fleta más de cien vuelos de deportación para la expulsión de miles de personas migrantes. Las compañías aéreas Air Europa y Swift Air han firmado con el Ministerio del Interior un contrato de 24 millones de euros para la realización de los vuelos de deportación entre los años 2013 y 2015. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y otros colectivos contra las fronteras hacemos un llamamiento al boicot a estas dos compañías aéreas y a todo el grupo empresarial Globalia, al que pertenece Air Europa.

Nos negamos a naturalizar los vuelos de deportación, nos negamos a que formen parte de nuestra normalidad. La lucha por evitar que dispositivos represivos tan atroces se conviertan en normales va mucho más allá de la política de extranjería. Frente a un universo de relaciones económicas, sociales y políticas que permite encontrarle un lugar –aunque oscuro y tenebroso– a los Centros de Internamiento y a los vuelos de deportación; frente a una realidad sociopolítica en la que se han hecho posibles, a la luz del día, las redadas racistas y las alambradas, debemos construir las condiciones para que cada uno de estos actos –y con cada uno de ellos el conjunto de la política migratoria– sean, directamente, inimaginables.

Ver en Todo por Hacer

Información sobre la detención y puesta en libertad de nuestro compañero

Como ya sabréis, ayer por la noche y esta mañana nos hemos concentrado en apoyo de un compañero detenido por la policía. Su arresto tuvo lugar en el marco de las numerosas redadas policiales racistas llevadas a cabo en torno al 25 de febrero, fecha en la que el Ministerio del Interior fletó un nuevo vuelo de deportación con destino Senegal y Nigeria. La “caza del senegalés” por las calles de Oviedo se concretó en varias detenciones en días pasados. Sin embargo, la labor de la abogada de SOS Racismo, Ana Taboada, y las decisiones judiciales favorables tuvieron como resultado la puesta en libertad de los detenidos, al menos en aquellos casos que conocemos.
Sin embargo, la policía, frustrados sus planes de deportación, volvió anoche a uno de los domicilios que había estado hostigando en los últimos días. Propinaron patadas a la puerta e insultaron a quienes había en su interior y acabaron entrando y deteniendo a uno de los chicos que estaba dentro, un chico que, por otro lado, tiene todos los papeles en regla. Por eso esta mañana hemos tenido que asistir en los juzgados a la ya recurrente creatividad policial para “recrear” lo sucedido e inventar razones para la detención.
La jueza ha tomado declaración a los policías, los testigos y el compañero detenido, al que ha puesto en libertad; y ha señalado juicio para el 12 de marzo, día en el que se cruzarán las denuncias de los policías y la persona detenida.
Seguiremos informando y, por supuesto, la Ruta contra’l racismu y la represión estará presente el día del juicio.
Para seguir denunciando el acoso policial racista.
Para señalar como responsables políticos a Gabino de Lorenzo, Delegado de Gobierno, y a Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior.
Para continuar llamando al boicot a Air Europa, Swift Air y el Grupo Globalia por los vuelos de deportación.

¡STOP REDADAS, DETENCIONES Y DEPORTACIONES!

Concentración urgente ante la detención de un compañero

Nos acabamos de enterar de la detención de un compañero senegalés en una de las redadas racistas que la Brigada de Extranjería viene haciendo en los últimos días. Con el agravante de que ya no detienen a la gente por la calle sino que van a perseguirlos hasta dentro de sus casas, como ocurrió esta noche.
Para denunciar este hecho y exigir la libertad del compañero, convocamos una concentración urgente en la comisaría de la C/ General Yagüe ahora.
Acudid y difundid.
cambalache

En el Día Internacional de las Personas Migrantes en Valencia

las uvas de la iraEl jueves 18 de diciembre de 2014, a las 18h, Eduardo Romero participará, junto a Javier Moya y Áurea Ortiz, en el Dia Internacional de les persones migrades: Les Migracions a partir de El raïm de la ira, en el centro social Terra (Valencia).

Y el jueves 19 de diciembre de 2014, a las 18.30h, estará en las XVI Jornades Llibertàries CGT «Quin món volem construir?» (Valencia), en la Xerrada-debat “L’eixida és revolucionària” amb treballador representant de la fàbrica autogestionada VIO.ME (Grècia) i José Luis Carretero (Advocat i escriptor).

Subordinaciones patriarcales y racistas entrelazadas

Gema Fernández Rodríguez de Liévana y Eduardo Romero García.
Rebelión, 13-05-2014

Este artículo ha sido elaborado a propuesta de SOS Racismo. Una versión reducida del mismo saldrá publicada en papel, dentro de unos meses, en el Informe Anual 2014 sobre el racismo en el Estado español.

Jamila es una mujer joven, aunque a ella le parece que la juventud se le escurre entre los dedos mientras sigue sin marido. Y sin hijos. A Jamila, eso, le pesa mucho. Lleva unos ocho años en España. Y como marroquí sin papeles, ha atravesado el correspondiente periplo que marca la normativa de extranjería. Tres años en situación irregular para poder solicitar el arraigo. Entonces la primera tarjeta, permiso de residencia por un año. A continuación la segunda tarjeta, con una duración de dos años. La tercera es la que tiene ahora. Dos años más. Le falta algo menos de uno para poder renovarla y acceder a la tarjeta de larga duración, que se renueva cada cinco años y que no le exigirá un tiempo mínimo de cotización a la seguridad social para ser renovada, como sucedía con todas las anteriores.

Jamila siempre ha trabajado en casas. Cuando no tenía papeles, repartía sus horas entre varios domicilios. Cobraba muy poquito, pero a ella le servía para ir tirando. De todas formas, no podía optar a nada mejor. Y ella es muy de dar gracias –a dios– por cualquier cosa. Tiene esa actitud, un poco resignada, que a veces me encantaría que se sacudiera de encima. Pero a mí me gusta mucho Jamila como es… sabe disfrutar de lo que la vida le da y exprimirlo de una manera que me entusiasma.

Cuando consiguió su primera tarjeta, siguió trabajando en casas. Y entonces tenía que trabajar más por menos dinero, porque debía pagar la seguridad social ella misma, sin que sus empleadores le subieran el sueldo. En ese entonces, el empleo de hogar seguía regulado por la normativa de 1985, que relegaba este trabajo a un régimen especial con derechos laborales y de seguridad social muy restringidos.

Ella ha ido haciendo malabares para conseguir acreditar los requisitos mínimos de cotización, y, así, ha ido renovando sus tarjetas, una tras otra. Pero desde hace varios meses su situación se ha complicado mucho. Tiene pocas casas en las que trabajar, y ninguna de sus empleadoras quiere darla de alta en la seguridad social, ni mucho menos pagar las cotizaciones. Maldita crisis… pero los requisitos de cotización para renovar los papeles, aún con casi seis millones de personas en paro, no han cambiado. A los inmigrantes se les sigue exigiendo lo mismo ahora que hace cinco años. Así que Jamila necesita acreditar doce meses cotizados de los veinticuatro que dura su tarjeta para poder renovarla y acceder a la de larga duración. Está a punto de llegar a la meta. Pero teme, mucho, que no lo va a conseguir.

Un día viene a verme con un hombre. Dice que es su novio. Y que se van a casar.

Nunca nos había hablado de él.

En seguida me doy cuenta de que no sabe nada de la política de extranjería, y que piensa que su pasaporte español puede “salvar” a Jamila para siempre. Que ahora que se va a casar con él, no tiene que preocuparse más de ese engorroso asunto de las cotizaciones y las tarjetas.

Sonrío con una mezcla de nerviosismo y displicencia.

Creo adivinar que Jamila intuye mi incomodidad.

No me gusta el planteamiento…

Le explico que no es así de fácil. Que Jamila lleva muchos años esforzándose para conseguir regularizar su situación en España, y que le queda muy poco para lograrlo. Le explico cómo funciona la burocracia administrativa para los matrimonios mixtos; le cuento que puede tardar bastante más de lo que él imagina; le aseguro que es mucho más conveniente que Jamila no interrumpa ahora su proceso y que pensemos, mejor, en fórmulas para que ella pueda pagar sus cotizaciones y logre su tarjeta de residencia permanente.

Por fin, parece que logramos encaminar la conversación y que, entre todas, vamos a ayudar a Jamila para que complete los escasos doce meses que tiene que cotizar a la seguridad social.

Muchas mujeres migrantes se encuentran en la situación de Jamila.

Ante la dificultad para conseguir un permiso de residencia autónomo, a las mujeres siempre les queda la tradicional salida de ponerse bajo la protección de un hombre y depender de él. Económicamente. Y “documentalmente”.

El sistema las coloca en esa disyuntiva.

Y está claro que mi miedo es ese. Que Jamila se supedite a una relación de pareja que deba sostener a toda costa –aunque le haga daño– para poder mantener su permiso de residencia.

*****

La precariedad de las domésticas

El trabajo de cuidados, que incluye el mantenimiento de los hogares y de las personas que los conforman, ha sido tradicionalmente realizado por las mujeres, de forma casi exclusiva y sin remuneración. Sin embargo, es una de las ocupaciones más importantes para el funcionamiento de la vida cotidiana y, a la vez, una de las más invisibilizadas y desprestigiadas.

En las últimas dos décadas, especialmente, hemos presenciado un crecimiento significativo de la realización de las labores de cuidados por personas, mujeres generalmente, ajenas al hogar, asalariadas, debido a dos procesos: el considerable aumento del número de mujeres autóctonas que se incorporaron al trabajo asalariado, sobre todo desde la segunda mitad de los años noventa, y el aumento de la proporción de personas dependientes debido al envejecimiento de la población. Es importante señalar que el ingreso acelerado al mercado de trabajo de personas que hasta entonces eran consideradas inactivas se produjo en unas condiciones mucho peores que las de los hombres.

Las mujeres españolas se han incorporado al trabajo asalariado fuera del hogar, mientras que los hombres no han aumentado sustancialmente su participación en las tareas domésticas y de cuidados. Es necesario desmontar la idea de que las mujeres migrantes empleadas del hogar llegan para sustituir a las mujeres autóctonas en el trabajo de cuidados, siendo más ajustada a la realidad la idea de que sustituyen la parte que los hombres se siguen resistiendo a asumir. Se sigue produciendo una radical asimetría en el tiempo dedicado al trabajo reproductivo por parte de hombres y mujeres, lo que genera una sobrecarga de trabajo sobre ellas. Esta situación se resuelve a través de la externalización de los trabajos de cuidados, que se colocan sobre las espaldas de otras mujeres, a quienes el patriarcado ha asignado el rol de cuidadoras por el mero hecho de ser mujeres.

Así que son las migrantes, en su mayoría, quienes cuidan a las hijas e hijos y a las personas mayores y dependientes en los hogares españoles, limpiando y cocinando, haciendo la compra, llevando y recogiendo del colegio a los niños y niñas, acompañando al médico a las personas mayores y paseando con ellas. Todas estas labores, esenciales para el mantenimiento y la sostenibilidad de la vida, están sin embargo desvalorizadas en las sociedades capitalistas. Ello implica que su remuneración sea residual y que las condiciones laborales de las personas que las llevan a cabo estén al margen del régimen general de trabajadores.

El trabajo doméstico ha estado regulado desde 1985 por el Régimen Especial del Empleo de Hogar (Real Decreto 1424/1985), que colocaba a las domésticas en una situación distinta –y discriminatoria– respecto del resto de personas trabajadoras. No existía la obligación de regular la relación laboral a través de un contrato escrito; su trabajo no generaba derecho a cobrar una prestación por desempleo; percibían una indemnización de siete días por año trabajado en caso de despido; y las empleadoras no estaban obligadas a cotizar a la Seguridad Social, entre otras precariedades. Teniendo en cuenta que, en septiembre de 2013, se estimaba que de las 421.000 personas dadas de alta en la seguridad social en el sector del empleo de hogar (que supone un 62% de todas las empleadas en el sector) el 94,84% eran mujeres, esto apunta una clara discriminación indirecta –la que deriva de normas con apariencia neutra que sin embargo perjudican a una proporción sustancialmente mayor de personas de un mismo sexo–. Resulta esclarecedor, también, que el 53% de esas personas tengan nacionalidad extranjera.

El empleo de hogar ha sido, para las mujeres migrantes, una puerta de entrada relativamente cómoda, al tiempo que coyuntural, a la regularización. El estudio de las trayectorias de estas mujeres indica que la permanencia en este tipo de actividad es casi una excepción, siendo la regla general el cambio hacia otro tipo de ocupaciones o puestos de trabajo. Ello se debe a diversas razones, entre las que hay que remarcar la precariedad implícita al trabajo en el servicio del hogar familiar, tanto en lo laboral como desde el punto de vista de su protección social.1

Las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar, migrantes y autóctonas, por su equiparación al Régimen General de la Seguridad Social así como por una mayor protección de las condiciones de trabajo y contratación se tradujeron en algunas modificaciones legislativas. La Ley 27/2011 integró, con efectos desde el 1 de enero de 2012, el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un sistema especial para dichos trabajadores. Esta ley establecía que toda empleada de hogar debía estar dada de alta en la seguridad social y que las cuotas debían ingresarse, siempre, por parte de su empleadora. El Real Decreto 1620/2011 reguló la relación laboral de carácter especial del sector, contemplando una mejora de algunas condiciones laborales. Sin embargo, el Real Decreto 29/2012, que entró en vigor en abril de 2013, matizó a la baja la mejora recogida en la ley de 2011, abriendo la posibilidad a la negociación –cuando se trabaje menos de 60 horas al mes para una misma empleadora– sobre quién debe responsabilizarse de la obligación de cotizar. Parece claro que la negociación entre dos partes entre las que media una abismal diferencia de poder se traduce en que son las empleadas quienes ingresan la aportación propia y la correspondiente a la empleadora.

Las condiciones sociales y laborales del empleo de hogar son malas para cualquier persona que se emplee en el mismo. Pero su interacción con la normativa de extranjería lo convierten en especialmente pernicioso para las mujeres migrantes. La sociología habla, a este respecto, de la “progresiva etnización de los servicios reproductivos más desvalorados socialmente”.

El sistema de renovación de tarjetas de residencia: una invitación al abuso

Como nos muestra el relato de Jamila, la crisis tiene graves consecuencias para las mujeres inmigrantes que trabajan en el empleo de hogar. Aunque el impacto en el empleo es mucho más fuerte para los hombres en los primeros años (2008-2010), al comenzar por el sector de la construcción y algunas ramas industriales, el contagio a otros sectores hace que en el período 2011-2013 el desempleo afecte ya fuertemente a las mujeres, y especialmente a las inmigrantes.2 Paralelamente, el empleo que se crea es extremadamente precario, lo que perjudica de nuevo especialmente a las mujeres inmigrantes, que reciben en mayor proporción ofertas de empleo a jornada parcial o que “negocian” condiciones de trabajo reales mucho peores que las de su contrato, cuando lo tienen –y el 38% de las empleadas del hogar no lo tienen–.3

Además de la vulnerabilidad marcada por el contexto de crisis y por el Régimen de Empleo del Hogar, hay otra amenaza y otra forma de producir precariedad e inseguridad: la que sufren las mujeres migrantes que tienen o buscan empleo y que además dependen del contrato para poder renovar su tarjeta de residencia. En general, el sistema de renovación de tarjetas de residencia, que como hemos visto condiciona las renovaciones a la cotización durante, al menos, la mitad del tiempo de duración de la tarjeta, supone una continua angustia por conservar el empleo para no caer en la clandestinidad sobrevenida. Este proceso de búsqueda de empleo, no solo para comer y para sostener a las personas que dependen de ti, sino para evitar la pérdida del permiso de residencia, se puede alargar en el tiempo –la eternización del desarraigo–. Lo hemos visto a través de la experiencia de Jamila: una persona que entra en España clandestina –y son reducidísimas las posibilidades de migración legal–, pasará en el mejor de los casos más de ocho años haciendo trámites casi de continuo. Este sistema, que funciona para toda la población inmigrante como mecanismo de miedo y sumisión, es aún más duro cuando afecta a trabajadoras de sectores especialmente precarizados como el de los cuidados.

Si prestamos atención a la realidad que provoca esta vinculación entre renovación y cotización, en conjunción con la libertad que la normativa deja a la negociación entre las partes en el sector del empleo de hogar, advertimos fácilmente que muchas empleadas de hogar están pagando su cotización a la Seguridad Social descontada de su salario. Los hogares que las emplean también pasan, en ocasiones, por dificultades económicas. Pero este sistema invita a las empleadas a ofrecer, y a las inmigrantes a aceptar, condiciones económicas abusivas con tal de poder renovar su tarjeta.

La denuncia de la violencia machista: una trampa para las inmigrantes

A pesar de las dificultades que una mujer migrante encuentra ante la doble precariedad del sector de los cuidados y de la normativa de extranjería, me preocupa que Jamila se deje arrastrar –precisamente por esas dificultades– hacia la dependencia de una pareja para conservar su permiso de residencia en España, incluso si –algo nada extraño en nuestra sociedad– la relación torna en maltrato. Una idea biempensante me regala un fugaz instante de alivio que se esfuma de inmediato. “La normativa de violencia de género la protegerá”. En seguida recuerdo que la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, a pesar de sus declaradas intenciones, ofrece una protección desigual para las mujeres inmigrantes. Su aplicación, por otro lado, enfrenta considerables barreras para todas las mujeres. Un país en el que los hombres han asesinado a 658 mujeres por motivos machistas en diez años –según los datos oficiales, aunque la cifra seguramente supere las 700 mujeres según las organizaciones de mujeres que entienden la violencia de género en un sentido más amplio y real que las leyes–; en el que se asesina a cinco mujeres en 48 horas sin que la normalidad se altere lo más mínimo; y en el que las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en las estadísticas de víctimas de violencia de género, no me ofrece ninguna tranquilidad. Para mí, ni para ella.

Pero lo que nos interesa aquí es desvelar los mecanismos de la propia normativa que pueden colocar a Jamila, y a cualquier mujer inmigrante, especialmente si se encuentra en situación administrativa irregular, en una situación de desprotección en caso de sufrir –y denunciar– violencia en su relación de pareja.

La Ley de violencia de género de 2004 garantizaba de forma expresa todos los derechos en ella contenidos a todas las mujeres víctimas de violencia “con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Sin embargo, pronto las inmigrantes en situación irregular que se atrevieron a acudir a las comisarías a denunciar situaciones de maltrato se encontraron con la práctica policial que anteponía la aplicación de la normativa de extranjería a sus derechos como víctimas de violencia. Es decir, que se iniciaba un expediente administrativo sancionador por estancia irregular contra ellas que podía conllevar su expulsión.

Este perverso mecanismo causó un considerable revuelo y fue denunciado por varias organizaciones de derechos humanos y por asociaciones de mujeres migrantes. En respuesta, la Secretaría de Estado emitió la Instrucción 14/2005 sobre actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular, con la que justificaba la apertura de procedimientos sancionadores en la obligación de las Fuerzas y Cuerpos Policiales del Estado de cumplir las leyes y, en concreto, la ley de extranjería. Actualmente, la normativa de extranjería posterga la apertura del expediente sancionador hasta la finalización del proceso penal. Esto significa que la suspensión definitiva del proceso de expulsión de la mujer en situación irregular se supedita a una sentencia judicial favorable. Si hay sentencia condenatoria, se concede una autorización de residencia de larga duración siempre que haya sido solicitada previamente. En caso de sentencia absolutoria del agresor, el procedimiento de expulsión por infracción administrativa se retoma. Es decir, que la irregularidad se sigue castigando en los casos de violencia de género, cuando son las propias mujeres quienes revelan su situación irregular a las autoridades al denunciar las agresiones. Qué hipocresía la de las campañas institucionales que lanzan incesantemente el mensaje “ante los malos tratos, mujer, denuncia”.

La hipocresía es especialmente grave teniendo en cuenta la alta incidencia de esta violencia sobre las mujeres inmigrantes. Según datos del Observatorio Estatal de Violencia de Género, las agresiones mortales basadas en el género muestran una sobrerrepresentación tanto de víctimas como de agresores de nacionalidad extranjera. Según Amnistía Internacional,4 en 2007, la tasa por millón de mujeres extranjeras asesinadas por sus parejas o exparejas era casi seis veces mayor que la tasa en el caso de las españolas. En 2011, de las 61 mujeres asesinadas, 22 eran extranjeras, lo que representa un 36% de las víctimas.

Los motivos para estas altas cifras son varios, muchos de ellos relacionados con la posición de vulnerabilidad en que la ley de extranjería coloca a las inmigrantes. Así, las mujeres temen que denunciar la violencia de sus compañeros pueda poner en riesgo su estancia en el país o perjudicar su proceso de regulación. Además, numerosos informes apuntan a la dependencia económica del agresor como un factor importante a la hora de mantener la relación con ellos. Hasta 2009, además, la autorización de residencia de las mujeres reagrupadas estaba condicionada a la convivencia con el reagrupante y no las autorizaba a trabajar.

Interesa, en cualquier caso, hacer una mención crítica al abordaje institucional y legislativo de la violencia, que coloca una atención desmedida en la violencia más extrema –mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas– y enfatiza la denuncia de las mujeres como mecanismo casi exclusivo para salir de esa violencia y acceder a los servicios y recursos sociales disponibles.

Por una parte, poner el foco sobre las asesinadas ensombrece, cuando no oculta, el entramado en el que la violencia machista se genera y desarrolla.5 Por otra, el acento sobre la denuncia contiene el riesgo de reducir la lucha contra la violencia a ese único momento y de mostrar las trayectorias de las mujeres maltratadas como un proceso lineal, en el que la intervención de las instituciones con ellas como víctimas cobre una importancia desmedida. Así, la sociedad se puede desentender porque de la violencia machista ya se encargan el Estado y la policía. Esta mirada coloca la responsabilidad de sufrir violencia sobre las propias mujeres e ignora su capacidad de generar estrategias de supervivencia alternativas, que no pasan por la intervención estatal –de la que, además, las mujeres inmigrantes tienen razones fundadas para desconfiar–.

Notas:

1 Thais Guerrero Padrón (2005): Inmigración femenina y servicio doméstico: resurgimiento de un régimen especial de Seguridad Social decadente. Universidad de Cádiz

2 COLECTIVO IOÉ: La población inmigrada ante la crisis: ¿mirando hacia otro lado? Boletín Ecos nº 24, septiembre-noviembre 2013.

3 OIT: Conoce tus derechos. Preguntas y respuestas sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

4 AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA: Informe Más riesgos y menos protección. Mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género. Noviembre de 2007.

5 CRISTINA VEGA SOLÍS y BEGOÑA MARUGÁN PINTOS: Gobernar la violencia. Apuntes para un análisis de la rearticulación del patriarcado. Política y sociedad, vol. 39, nº 2, 2002.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Mentiras y alambradas I y II

Lo sucedido en Lampedusa y Ceuta no son anomalías, sino la normalidad de la frontera

Eduardo Romero – publicado en www.eldiario.es

Aspecto de la concertina de Melilla. Foto: Jesús Blasco de Avellaneda

Hay algo de efectos mucho más profundos que la manipulación, incluso que la mentira. Anders, Pasolini, Alba Rico nos han hablado de ello en diferentes momentos desde que, a mediados del siglo XX, una parte de la humanidad se convirtió en consumidora compulsiva de un ingente número de mercancías, incluida la mercancía televisiva. “En vez de recorrer nosotros mismos los caminos, ahora es el mundo el que nos «recorre»”, señalaba Anders. “Ningún centralismo fascista ha logrado lo que el centralismo de la civilización de consumo”, escribía Pasolini. Y Alba Rico caracterizaba la nueva psicología del consumidor como de“máximo sentimentalismo y máxima indiferencia”. Estos tres autores nos alertan, en definitiva, de la generalización de una percepción de los hechos sociales caracterizada por la ausencia de memoria, de imaginación y de responsabilidad.

No es culpa de los medios de comunicación ni del Ministerio del Interior que no conozcamos la verdad. Porque sabemos la verdad. Sabemos que más de 20.000 personas se han ahogado en la frontera sur desde el año 1988. Sabemos que otras miles permanecen desaparecidas. Nos consta que su “desgracia” no responde a designios divinos: los violentos dispositivos fronterizos o los naufragios por la voluntad policial de impedir el paso son noticia recurrente. Conocemos incluso la existencia de naufragios en alta mar de los que nadie da cuenta, producto de rutas cada vez más largas y peligrosas para sortear la militarizada frontera. Sabemos también que los barcos de la OTAN han dejado morir a inmigrantes en alta mar. Y no nos cabe ninguna duda de la connivencia entre los cuerpos policiales españoles y norteafricanos, sea para disparar balas contra los cuerpos de quienes saltan la valla –en el año 2005–, para disparar balas de goma contra quienes nadan hacia una playa o para abandonar en el desierto a inmigrantes detenidos en redadas en Marruecos o Argelia. Sabemos también que los cuerpos policiales marroquíes y argelinos –nuestros socios– violan sistemáticamente a las mujeres que transitan hacia Europa.

Dentro de nuestras fronteras sucede algo parecido. La muerte de Osamuyi en un vuelo de deportación, asfixiado por la mordaza policial, fue publicada en todos los medios. ¿Y quién puede ocultarnos que existen Centros de Internamiento de Extranjeros en el Estado español? Conocemos su existencia, y también sabemos que personas encerradas en sus muros mueren: Samba murió en el CIE de Aluche; Mohamed, Idrisa y Alik, en el de Zona Franca. Cada muerte salió en todos los periódicos. Como también son públicas las decenas de informes que demuestran las atrocidades cometidas en el interior de estas cárceles racistas.

De las redadas no hace falta que nos informen los medios de comunicación. Basta caminar por las calles para verlas, basta circular por las estaciones de trenes o autobuses, o por determinados barrios, para saber que el ministro de turno –cuando las niega– miente. Su mentira –en este caso– sólo puede poner en evidencia a Alfredo Pérez Rubalcaba o a Jorge Fernández Díaz.

Precisamente porque ya sabemos, he renunciado hasta ahora a sumar palabras a la efervescencia mediática en torno a Lampedusa y Ceuta. Todo el mundo sabe la verdad. Y acumular escritos que hablan de los centenares de muertos en aguas italianas o de las quince personas asesinadas en la colonia española en Marruecos puede provocar un efecto perverso: que pensemos que Lampedusa y Ceuta –fruto de esta atención desmedida– son una anomalía. Que la frontera sur europea funciona normal y pacíficamente y que, de vez en cuando, operan la bajeza moral y la violencia policial, y es entonces cuando se produce un trágico accidente y un terremoto político. Pero es al contrario: la anomalía en la frontera sur sería que hombres y mujeres migrantes la cruzaran de sur a norte con la misma naturalidad con que millones de turistas, militares, diplomáticos, cooperantes y empresarios europeos y españoles la cruzan de norte a sur. La normalidad es que los policías disparen y las personas migrantes mueran. La normalidad es que se hundan las embarcaciones y no reciban socorro. La normalidad son los muros y las alambradas. Si Lampedusa y Ceuta fueran la anomalía, sería imposible contar decenas de miles de cadáveres en la frontera.

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Hay algo mucho más profundo que la mentira. Pero no minusvaloremos los efectos de ésta. A veces la mentira es tan obscena, tan rastrera y despreciable, que no queda otra que abandonar el silencio para combatirla.

El lunes pasado el diario El País titulaba en su portada: “30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla”. El subtítulo tampoco tenía desperdicio: “Los intentos de entrada «desestabilizan y crean alarma social»”. La fuente en la que se basa El País para redactar su principal noticia de portada –semana y media después de las quince muertes en Ceuta– es un informe de “la inteligencia española” que señala la “enorme presión migratoria” en torno a las “dos ciudades españolas”. Organizaciones criminales, saltos masivos, empleo de la violencia por los subsaharianos, son algunas de las perlas de la ejemplar portada.

No nos escandalicemos. Esta portada tampoco es anómala o excepcional. Ya hace más de una década –en el año 2003– el Consejero de Economía canario había declarado en los medios: “O creamos allí una zona de prosperidad o nos invaden 20 millones de africanos”. En 2006, El País y muchos otros medios se sumaron con furor a la campaña política y mediática que colocó en portadas y noticiarios a la llamada “crisis de los cayucos”. Dicha campaña convertía la llegada de inmigrantes a Canarias en un grave problema demográfico. Y al calor de dicha campaña, el gobierno español –el de Zapatero y Rubalcaba–  aprobó el Plan África, un plan –palabrería aparte– diseñado para militarizar y externalizar la frontera y parautilizar la excusa de la inmigración ilegal para promover intereses neocoloniales en África. Intereses pesqueros e intereses petrolíferos y gasísticos formaban parte de aquella “ofensiva” diplomática y comercial.

¿Cuántos migrantes llegaron a Canarias en 2006? Precisamente treinta mil, el mismo número que ahora –según El País y la “inteligencia española”– aguardan el salto por Ceuta y Melilla. Desparramemos un puñado de cifras: en 2006 vinieron a España más de 400.000 inmigrantes, lo que convertía en residuales a las treinta mil entradas por Canarias. Y es que en el período 2000-2008 entraron en el Estado español más de 5 millones de inmigrantes, con llegadas anuales –en algunas ocasiones– de más de 700.000 personas. En el año 2006 visitaron Canarias 9,5 millones de turistas. ¿Y treinta mil inmigrantes eran un grave problema demográfico?

Actualmente hay más de 6 millones de inmigrantes en el Estado. Si exceptuamos Marruecos, el número de inmigrantes con tarjeta de residencia procedentes del continente africano es del 4,5 por ciento. El otro 95,5 por ciento procede de otros continentes. ¿Cuál ha sido la avalancha subsahariana por la frontera sur? A lo largo de todo el año 2012, último año del que ha aportado cifras el Ministerio del Interior, las entradas de inmigrantes por Ceuta y Melilla, en todo un año, no llegaron a las 3.000.

Las cifras de El País dañan la inteligencia.

La “inteligencia española” es la misma que disparó las balas de goma.

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(2ª parte)

La Ley de Extranjería crea un estado de excepción para los inmigrantes que facilita su explotación laboral.

Interior del CIE Zona Franca de Barcelona. Foto: EFE

Interior del CIE Zona Franca de Barcelona. Foto: EFE

Hay algo mucho más grave que la mentira. “El todo es la mentira, especialmente, el todo”, escribía Anders. El sobreconsumo de imágenes y noticias sobre la frontera sur no ha provocado una masiva protesta contra la política migratoria. La sobreestimulación comunicativa de la televisión, la prensa escrita, los medios digitales y las redes sociales nos instala en una digestión continua de informaciones, tan exhaustiva como impotente. La sociedad hiperinforma(tiza)da suele mirar para otro lado.

El mercado mediático nos propone la radical descontextualización de los procesos sociales. La mirada televisiva nos ofrece atajos para comprender la realidad: para que percibamos al inmigrante subido a la valla como un asaltante, previamente hemos tenido que despojarle de su humanidad. Lo vemos como una aparición súbita, como un ser sin pasado y sin futuro. Existe porque lo vemos. Existemientras lo vemos.

Frente a la mentira y la manipulación, pero también frente a esta radical descontextualización, es necesario reconstruir la dimensión social, histórica y política de las migraciones. Humanizar a los y las migrantes es precisamente eso: reconocer la dimensión histórica y política que les lleva a subirse a una alambrada rodeada por policías marroquíes y españoles. Rescatar esa dimensión exige entonces denunciar las políticas neocoloniales de Europa y, concretamente, de España y sus multinacionales. Defender la soberanía alimentaria, energética y política de los pueblos implica necesariamente atacar y denunciar el robo español del pescado senegalés o somalí, el expolio de España del gas y el petróleo nigerianos, el asesino acaparamiento de tierras en África para producir agrocombustibles o para especular con el hambre.

No lo olvidemos: de este lado de la valla, la política migratoria de España nunca ha sido una política de cierre de fronteras. El auge económico español succionó –sobre todo en el período 2000-2008– a millones de mujeres y hombres migrantes, fuerza de trabajo barata y servil imprescindible para el crecimiento exponencial del sector de la construcción. La hostelería, el turismo y el trabajo agrícola bajo plástico también dependen de trabajo inmigrante. Y la sociedad española, envejecida como la mayor parte de las europeas, ha necesitado y necesita la presencia de millones de mujeres inmigrantes. Su presencia aquí es ausencia allá. Cuidan de nuestras personas ancianas y de nuestros niños y niñas mientras, desde el locutorio, envían dinero y hablan con la abuela o la hija mayor, que ha quedado a cargo de la familia.

Fuerza de trabajo barata y servil. ¿Cómo se ha garantizado su disciplina y docilidad? ¿Su aceptación de condiciones y salarios miserables? Hasta que se ha generalizado la precariedad y las altísimas tasas de desempleo a toda la población, los y las inmigrantes ya tenían su propia reforma laboral: la Ley de Extranjería. El estado de excepción que ha creado esta Ley –el sofisticado sistema de permisos temporales vinculados a un empleo, la captura de la población clandestina, los CIE, las deportaciones, etc.– ha multiplicado el desarraigo y la inseguridad de las y los migrantes. El capital español, ávido de población desarraigada y, por tanto, debilitada, se ha llenado las manos de plusvalías mediante su explotación laboral. El Estado, con sus Brigadas de Extranjería, sus calabozos y sus torturantes procedimientos administrativos, ha colocado a millones de personas a los pies de los explotadores.

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Ahora que la población autóctona comienza a ser también inmigrante en su propio país, ahora que cada vez más gente cruza la frontera en la dirección contraria, sólo queda luchar, juntas, autóctonas e inmigrantes, contra el recorte sanitario, contra los desahucios, contra la criminalización de las luchas sociales y –cómo no– contra la Ley de Extranjería y las fronteras. La Campaña Estatal por el cierre de los CIEapunta algunos objetivos concretos: acabar con los vuelos de deportación de inmigrantes mediante una campaña de boicot contra las empresas que se lucran fletando los aviones –Air Europa y, en general, empresas del grupo Globalia como Viajes Ecuador, Halcón Viajes o Travelplan–; denunciar y detener las redadas racistas y las humillaciones y maltratos policiales contra la población inmigrante; acabar con los Centros de Internamiento de Extranjeros –y no dejarse engañar por anuncios de reglamentos más humanitarios para gestionar lo inhumano–; son algunos de estos objetivos.

La amenaza no viene del sur. Está aquí, instalada en las vísceras del Estado. Y reprime, explota y mata en nombre de la autoridad.

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Eduardo Romero es coautor del libro Qué hacemos con las fronteras. miembro de la Asociación  Cambalache y de su Grupo de Inmigración. Participa en la iniciativa asturiana “Ruta contra el racismo y la represión”, y es autor de varios libros editados por Cambalache: Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África (2011), Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo (2010), A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión (2008), y Quién invade a quién. El Plan África y la inmigración (2007). También ha participado en las obras Frontera Sur (Virus, 2008), y Si vis pacem. Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente (Bardo Ed. 2011). Colabora además en la publicación feminista La Madeja.

Para más información, esta entrevista con Eduardo Romero, y este extracto del libro.

Crónica juicio 7 de febrero

STOP-redadas-racistas

Os escribimos para informaros de que hoy ha salido todo estupendamente: nos hemos concentrado unas 100 personas en los juzgados, hemos llenado la sala del juicio hasta los topes (con gente de pie en los pasillos) y la jueza —responsable de muchos de los autos de internamient— ha flipado y se ha incomodado con la puesta en escena… El juicio se ha celebrado a pesar de que los policías no se presentaron, hemos podido responder a las tensas, manipuladoras y cortantes preguntas de la jueza. Hemos negado que hubiéramos insultado a los funcionarios de extranjería y hemos reivindicado la acción, afirmando que la repetiremos las veces que haga falta mientras continúen las detenciones racistas. Denunciamos en nuestras declaraciones las redadas, los secuestros racistas y la política migratoria en su conjunto.

El fiscal, finalmente, ha pedido la libre absolución al no contar con los testimonios policiales. Y nos han absuelto. Y toda la sala ha comenzado a aplaudir y silbar y gritar.

Anteriormente atendimos a los medios de comunicación para señalar a la jueza Begoña Fernández (la que nos juzgaba) y a Francisco Javier Rodríguez Luengos como lxs dos que más agresivos son en cuestiones migratorias en Oviedo.

Aquí tenéis el vídeo que ha salido en la tele.

Agotadxs de una semana intensa de convocatorias, hemos decidido cerrar mañana sábado el local y la librería para tomarnos un respiro. Volveremos el lunes por la tarde en el horario habitual.

Crónica del juicio

ruta-contra-el-racismoHola a todxs

Os escribimos para informaros de que hoy ha salido todo estupendamente: nos hemos concentrado unas 100 personas en los juzgados, hemos llenado la sala del juicio hasta los topes (con gente de pie en los pasillos) y la jueza -responsable de muchos de los autos de internamiento- ha flipado y se ha incomodado con la puesta en escena… El juicio se ha celebrado a pesar de que los policías no se presentaron, hemos podido responder a las tensas, manipuladoras y cortantes preguntas de la jueza. Hemos negado que hubiéramos insultado a los funcionarios de extranjería y hemos reivindicado la acción, afirmando que la repetiremos las veces que haga falta mientras continúen las detenciones racistas. Denunciamos en nuestras declaraciones las redadas, los secuestros racistas y la política migratoria en su conjunto. El fiscal, finalmente, ha pedido la libre absolución al no contar con los testimonios policiales. Y nos han absuelto. Y toda la sala ha comenzado a aplaudir y silbar y gritar.

Anteriormente atendimos a los medios de comunicación para señalar a la jueza Begoña Fernández (la que nos juzgaba) y a Francisco Javier Rodríguez Luengos como lxs dos que más agresivos son en cuestiones migratorias en Oviedo.

Aquí tenéis el vídeo que ha salido en la tele

Nuevas redadas, detenciones y vuelo a Senegal

Tenemos que informaros de más vuelos de deportación y redadas racistas para llenar los aviones. El jueves 13 de febrero hay previsto un vuelo con destino a Senegal, y la policía ya ha empezado con su “trabajo de caza” a las personas migrantes de esa nacionalidad. Hasta este momento tenemos conocimiento de 8 detenciones (dos de las personas han quedado en libertad, una será enviada al CIE de Aluche y de las otras cinco no tenemos más noticias, posiblemente pasen mañana ante al juez). Todas estas personas han sido detenidas por la calle o a la salida de Asturias Acoge. Ante la gravedad de la situación, desde la Ruta contra’l racismu y la represión denunciamos nuevamente estas detenciones racistas y convocamos una reunión de urgencia para hoy, 30 de enero, en cambalache, a las 19h.ruta contra el racismo y la represion

Comunicado urgente: nuevo vuelo de deportación a Dakar

Os enviamos un comunicado urgente para denunciar, de nuevo, un vuelo de deportación de Madrid a Dakar que saldrá mañana martes.

NO A LOS VUELOS DE DEPORTACIÓN

EL GOBIERNO PROGRAMA UN VUELO BARAJAS-DAKAR PARA MAÑANA MARTES 19 DE NOVIEMBRE

COMUNICADO DE LA CAMPAÑA CONTRA LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

Mañana martes 19 de noviembre por la noche un nuevo vuelo de deportación saldrá de Barajas con destino Dakar. Ese es el motivo de que en los últimos días hayan sido detenidas y confinadas en el CIE de Aluche numerosas personas de nacionalidad senegalesa. Hoy se les ha comunicado que, a partir de las 19h de mañana, se procederá a su deportación. Serán trasladadas a una sala del aeropuerto de Barajas, a la que irán llegando, bajo escolta policial, otras personas de nacionalidad senegalesa procedentes de otros CIE del Estado o del calabozo de cualquier comisaría. Allí serán enlazadas con unas bridas de plástico alrededor de sus muñecas. El avión despegará a una hora discreta y desde una pista alejada de la terminal. El pasaje estará formado por inmigrantes senegaleses y por policías, que les doblarán en número.

Tal y como hemos documentado respecto a otro vuelo que se produjo la noche del 26 de septiembre pasado (ver: https://www.lamarea.com/2013/11/14/senegaleses/), estas deportaciones requieren de una sofisticada planificación: contratar el avión (la otra vez fue un vuelo de Air Europa), reservar la pista alejada de la terminal, programar los traslados a Barajas desde diversos lugares del Estado, destinar a un gran número de policías para la ocasión, pactar y coordinarse con las autoridades senegalesas y, lo que es más importante, cazar a la carga humana que llene el avión.

Esto explica que en diversos lugares del Estado haya habido redadas racistas en los últimos días para capturar personas de nacionalidad senegalesa. Por ejemplo, en Oviedo, esta redada se produjo el día 13, en las inmediaciones de la estación de tren de la ciudad. También nos consta el ingreso en el CIE de Aluche de senegaleses que han sido trasladados desde diversas cárceles.

Las redadas de estos últimos días tienen como objetivo llenar el vuelo planificado. La Comisaría General de extranjería y fronteras cuantifica en primer lugar cuántos senegaleses hay en condiciones de ser deportados desde los Centros de Internamiento de Extranjeros. A continuación, difunde la orden al resto de comisarías del Estado para dar caza, en la última semana, no ya a un cupo de inmigrantes, sino a un cupo de senegaleses, los suficientes para acabar de llenar el avión.

Estos vuelos demuestran las mentiras del gobierno español, tanto en la pasada legislatura –Gobierno del PSOE- como en la actual –Gobierno del PP-. Las redadas racistas y los cupos de detención de inmigrantes persisten. Cada vez que se planifica un vuelo –al menos varias decenas cada año– se producen redadas, esta vez discriminadas, ya que afectan especialmente a quienes tienen la nacionalidad para la que se está preparando la deportación colectiva. La persecución de senegaleses en vuelos como el programado para mañana responde a la misma lógica de aquella nota policial interna que, en 2009, conminaba a detener a inmigrantes de nacionalidad marroquí porque era más barato deportarles.

Desde la Campaña contra los CIE exigimos la cancelación del vuelo previsto para mañana, así como el cese definitivo de las deportaciones y las redadas racistas. Además, exigimos también el cierre definitivo de esas cárceles racistas para inmigrantes llamadas Centros de Internamiento de Extranjeros.

“En Colombia las empresas españolas ocupan territorios previamente vaciados con violencia”. Entrevista a Eduardo Romero en eldiario.es

 “No hace falta esperar brotes xenófobos, el Estado ya desarrolla políticas racistas y xenófobas”

21/09/2013 – eldiario.es

La era de hipermovilidad que vivimos se caracteriza tanto por forzar como por impedir el movimiento de personas: fronteras blindadas y políticas migratorias represivas, junto a desplazamientos forzosos de poblaciones por todo el planeta. Para hablar de las migraciones y su función en el capitalismo (vaciando territorios y llenando otros; desposeyendo poblaciones en unos lugares y aumentando la mano de obra barata en otros) hablamos con Eduardo Romero. Miembro del colectivo asturiano Cambalache, es coautor del libro Qué hacemos con las fronteras, junto a Gema Fernández, Pablo “Pampa” Sainz, Raquel Celis y Leire Lasa. Una propuesta por un mundo sin fronteras, donde nadie sea obligado a desplazarse ni impedido de hacerlo.

¿Por qué consideráis que el hecho migratorio suele ser simplificado y descontextualizado en los análisis habituales? ¿Qué tipo de interpretación proponéis a cambio?

No llamaríamos ‘análisis’ a la mayor parte de las numerosísimas informaciones que, en los últimos años, se han referido al hecho migratorio. Por el contrario, esas informaciones tienden a presentar el proceso migratorio como ‘acontecimiento puro’, en forma de noticia televisiva que nos muestra a las personas migrantes como seres sin pasado y sin futuro. ‘Humanizar’ los procesos migratorios no es tratarlos con sentimentalismo. Los medios de comunicación han logrado esta conjunción: máximo sentimentalismo y máxima indiferencia. Necesitamos menos fotogramas de personas migrantes enganchadas a las vallas de Ceuta y Melilla o desmayadas en una playa de la costa española; necesitamos más análisis de los procesos migratorios que los humanicen de la única forma posible: devolviendo las migraciones a su contexto social, económico y político. Insertándolas en el marco de la radical desigualdad que este sistema genera; relacionándolas con la necesidad del capitalismo de provocar la movilidad forzada de millones de personas; contextualizándolas –también– en la trama del patriarcado a escala planetaria.

¿En qué se nota vuestra mirada desde el activismo social, frente a lo que consideráis ” los relatos eruditos para el consumo interno de la academia” ?

Nosotras no podríamos escribir sobre las migraciones ‘desde fuera’. La motivación para escribir este libro es alimentar luchas y vínculos de solidaridad y apoyo mutuo que se han dado y se seguirán dando en el marco de los colectivos sociales que pretenden acabar con la política migratoria llevada a cabo por el Estado español y la Unión Europea. Nos parece fundamental que los colectivos sociales enfangados en las luchas reales sean capaces –seamos capaces– de elaborar nuestro propio pensamiento crítico. Este librito es una oportunidad para difundir una pequeña muestra de este pensamiento.

En el libro caracterizáis el tiempo actual como ” la época de la hipermovilidad” , pero vuestra postura hacia esa facilidad de movimiento es crítica, ¿por qué?

Hace unos pocos años, el pensamiento antidesarrollista se observaba desde lejos, señalándolo como un pensamiento anclado en el pasado y sin nada que decir sobre el presente y el futuro. Ahora, en plena crisis de acumulación capitalista, con un horizonte relativamente cercano de agotamiento de fuentes de energía imprescindibles para sostener este energívoro sistema y con análisis oficiales suscribiendo discursos catastrofistas, parece que las cosas se pueden ver de otra manera. La hipermovilidad de esta sociedad, los novecientos y pico millones de desplazamientos turísticos anuales, la masificación y popularización de los medios de transporte –el coche como paradigma pero también, por ejemplo, los vuelos baratos– son una anomalía histórica que desaparecerá más temprano que tarde. La verdadera invasión no es la de las personas migrantes, sino la que devasta ecosistemas y comunidades a través del neocolonialismo. Una de sus expresiones más genuinas es el turismo de masas.

“La verdadera invasión no es la de las personas migrantes, sino la que devasta ecosistemas y comunidades a través del neocolonialismo”

¿Por qué creéis necesario un análisis diferenciado de la situación de las mujeres migrantes? ¿En qué consiste el vuestro?

De toda la población migrante que ha llegado al Estado español en los inicios del siglo XXI, casi la mitad han sido mujeres. En algunos casos, como en la migración latinoamericana, ellas han sido mayoría. Hay países de origen en los que más del 70% de la población que salía hacia España eran mujeres.

Pero la dimensión cuantitativa de la respuesta, aunque importante, no es la principal.

Cualquier análisis que, como el nuestro, pretenda reconstruir las trayectorias emigrantes en sus diversos episodios, desde la situación en el país de origen que provoca la migración hasta la función que las personas migrantes asumen en el lugar de destino, debe preguntarse por el específico papel jugado por las mujeres. Ellas suelen ser a la vez, en el lugar de origen, las principales víctimas del patriarcado y del capitalismo y las que lideran la supervivencia de sus familias. Las más pobres, las más amenazadas por la violencia económica y sexual, pero también las que sostienen la vida –en el campo o en los suburbios de las ciudades miseria– de sus personas más cercanas. Muchas veces es ese mandato de género, ese cuidado por sus hijos e hijas, por sus personas mayores y dependientes, el que las empuja a asumir la separación de los suyos para utilizar la estrategia migratoria como forma de supervivencia colectiva.

Cientos de miles de mujeres han dejado a sus familias para venir a cuidar a personas dependientes en España. Sustituyen parcialmente, por cierto, a las mujeres autóctonas que, sobre todo desde la segunda mitad de los años noventa, se incorporaron al mercado de trabajo, por supuesto en muchas peores condiciones que los hombres. Dado que no hubo ningún reparto social de los cuidados, que siguieron descansando en los hombros de las mujeres, las migrantes vinieron a realizar las tareas que muchas autóctonas ya no podían o no querían hacer.

Otra razón para que los análisis de este libro no se refieran a Soufian o a Adama sino a, entre otras, Hope y Faith, es la necesidad de realizar un análisis específico de las circunstancias que forman parte del hecho migratorio para las mujeres que viajan desde su lugar de origen hasta la llamada frontera sur. En el libro se relata el verdadero infierno que sufren las mujeres que, atrapadas en redes de trata, viajan a través del desierto hasta llegar a Marruecos. La política de colaboración continua entre el gobierno español y marroquí favorece que las redes de trata jueguen un papel protector de las mujeres en su viaje, a pesar de que en su seno se ejerzan diversas formas de violencia sobre ellas. Las mujeres, como estrategia de supervivencia, se ven obligadas a aceptar esas reglas para protegerse de violencias aún mayores, ejercidas por los Estados y policías que se han convertido –a sueldo de Europa– en los gendarmes de la frontera sur.

Relacionáis las migraciones (vaciar y sobrepoblar territorios) con la acumulación capitalista, pero no solo con la acumulación originaria, sino también hoy. ¿Cómo opera en la actualidad esa “acumulación por desposesión” ?

David Harvey –eso creo– ha acuñado ese término para llamar la atención sobre el carácter contemporáneo de la acumulación originaria. El despojo, el robo con violencia, no es una característica exclusiva de los orígenes del capitalismo, sino que está plenamente vigente e incluso se expande en situaciones de crisis como la actual.

Nos interesa inscribir el análisis de las migraciones en el análisis de la movilidad capitalista. Ello nos ha llevado a analizar la historia de la movilidad de las poblaciones en el último siglo y medio: son numerosos los ejemplos de procesos migratorios que conjugan movilidad forzada en origen –para vaciar territorios– con necesidad de una abundante y miserable fuerza de trabajo en el lugar de destino. Actualmente, el mecanismo sigue funcionando: para ocupar millones y millones de hectáreas en África o en América Latina para monocultivos de exportación, para actividad minera y de extracción de hidrocarburos, para construir grandes centrales energéticas, etc., es necesario previamente provocar el desplazamiento forzado de millones de personas. Una parte de ellas sufre la migración interna y pasa a engrosar los abultados números de la población que hace crecer cada vez más los suburbios de las megalópolis periféricas; pero otra parte acaba llegando a los llamados países desarrollados en busca de un futuro.

¿Qué es el derecho a la inmovilidad? ¿Cómo se formularía y protegería un derecho así?

No pretendemos acuñar un término jurídico cuando hablamos de derecho a la inmovilidad. Más bien es un término que trata de complementar a aquellos planteamientos políticos que, al hablar de las migraciones, se fijan exclusivamente en la exigencia de la libertad individual de movimiento. Parecería entonces que terminar con los dispositivos fronterizos represivos en el lugar de destino –en nuestro caso acabar con la Fortaleza Europea– sería suficiente para garantizar el derecho a la movilidad. Y, sin embargo, abatir las fronteras es una condición necesaria pero no suficiente, pues muchas de las personas que emigran no lo hacen en ejercicio de su libertad, sino que se ven forzadas por motivos económicos y políticos a irse de su tierra de origen, a separarse de su gente. En el libro decimos que hay incluso lugares en los que la violencia se ejerce precisamente para que la gente se vaya.

El derecho a no moverse debería formar parte, por tanto, del derecho a la movilidad.

Los conceptos más relacionados con este planteamiento son ajenos a la jerga sociológica o jurídica sobre las migraciones: la soberanía alimentaria de los pueblos, y también su soberanía energética y política; la autonomía de las mujeres y la ausencia de violencias patriarcales contra ellas… Todos esos son conceptos que, aparentemente alejados de las cuestiones migratorias, fundarían –en conjunción con el fin de las fronteras– un verdadero derecho a la libertad de movimiento.

“El derecho a no moverse debería formar parte del derecho a la movilidad”

¿Qué papel juegan las transnacionales españolas en los desplazamientos forzosos y violentos de población en otros países?

Aprovechando los análisis específicos que Leire y Raquel –coautoras del libro– han llevado a cabo sobre el papel de las multinacionales en Colombia, mostramos cómo un buen puñado de empresas españolas ocupa territorios previamente vaciados de personas por la violencia militar y paramilitar. En Colombia, cada año, cientos de miles de personas se convierten en desplazadas forzosas. Las multinacionales españolas del ámbito de la energía, por ejemplo, se instalan gracias a estos desplazamientos y succionan los recursos naturales del país. Otras muchas empresas se aprovechan además del éxodo rural hacia las ciudades para enriquecerse a base de incrementar las tasas de servicios como el agua, la electricidad, la telefonía, etc.

Mientras, la posibilidad para las personas de nacionalidad colombiana de acceder al estatuto de asilo en el Estado español es cada vez más pequeña.

¿Qué balance hacéis del blindaje de la Frontera Sur que ha desarrollado Europa y en concreto España en los últimos años?

El panóptico fronterizo ha sido definido por Rubalcaba de forma insuperable: “Casi nadie entra en España ya sin que le veamos”. Y, efectivamente, la violencia aplicada en la frontera ha tenido resultados palpables: casi veinte mil personas ahogadas en el mar y varios miles de desaparecidas en la Frontera Sur de Europa; muertes en el desierto de personas abandonadas por los ejércitos norteafricanos, sin agua y sin comida, en medio de la nada; cuerpos tiroteados en las vallas de Ceuta y Melilla; miles de encarceladas en prisiones y centros de detención al margen de cualquier legislación, en países como Mauritania, Marruecos, Argelia o Libia…

Pero la construcción de la amenaza que viene del Sur ha dado otros réditos políticos: ha creado un enemigo externo –los africanos que nos invaden– e interno –mediante la intensificación de la islamofobia–; ha impulsado prácticas neocoloniales con la excusa de la lucha contra la inmigración ilegal –véase el Plan África–; y se ha combinado con las fronteras interiores para disciplinar a la población migrante bajo la amenaza de la expulsión.

La derecha suele caricaturizar la opción de ‘papeles para todos’. ¿Cuál es vuestra postura respecto al sistema de permisos administrativos?

No estaría mal un escenario político en el que fuera ‘la derecha’ quien defendiera en exclusiva la política migratoria. Pero, ¿ha sido la derecha quién la ha puesto en marcha? Depende de lo que entendamos por ‘derecha’. Los gobiernos del PSOE y del PP no se distinguen respecto a su política migratoria. Los sindicatos mayoritarios han dado cobertura a la Ley de Extranjería y su planteamiento no difiere del lema de la campaña de la ultraderecha: ‘los españoles, primero’. CCOO, por ejemplo, ha publicado documentos en los que pedía más contundencia del gobierno para que los países africanos aceptaran las repatriaciones. Resulta más fácil, por todo ello, caricaturizar el vacío e hipócrita ‘progresismo humanitarista’ que la opción de ‘papeles para todos’. En cualquier caso, los colectivos sociales que nos enfrentamos a la política migratoria no nos enfrentamos a ella de manera aislada, sino en el marco de una práctica y un discurso que pretende ser anticapitalista. No es nuestro papel el de proponer medidas administrativas que palien el sufrimiento para una parte de las personas migrantes, sino el de poner en jaque –y no sólo con palabras– la política migratoria.

“Los gobiernos del PSOE y del PP no se distinguen en política migratoria, y los sindicatos mayoritarios han dado cobertura a la Ley de Extranjería”

¿Qué papel desempeñaron los trabajadores inmigrantes durante los años de la burbuja inmobiliaria?

El período de auge económico se caracteriza por un espectacular aumento de la población asalariada: de 12 a 20 millones en trece años (1994-2007). Hay dos procesos que hicieron posible este aumento sin que, a la vez, se desplomara la tasa de paro: la incorporación acelerada de las mujeres autóctonas al trabajo asalariado; y la entrada de millones de hombres y mujeres migrantes al mercado de trabajo español. No hubo, por tanto, una política de cierre de fronteras, sino una política de creación de una fuerza de trabajo migrante barata y servicial. Los dispositivos fronterizos han sido útiles sobre todo para eso: no para producir expulsiones sino para producir inmigrantes amenazados y amenazadas de expulsión.

El trabajo barato aportado por la población migrante ha sido esencial para duplicar el empleo en la construcción en un cortísimo período de tiempo en los primeros años del siglo XXI; pero también lo ha sido para alimentar la agricultura bajo plástico, la hostelería, el trabajo de cuidados, etc.

¿Cómo analizáis la actual emigración de trabajadores españoles a otros países?

Una buena parte de la población del Estado español había demostrado que tenía muy poca memoria, pues el cruce de la frontera en sentido contrario había sido relativamente reciente. Ahora que vuelve a producirse, vemos que se repite la lógica que ya hemos señalado a lo largo de esta entrevista: cómo la crisis en origen –ahora en España– provoca la ‘huida’ hacia otros lugares con economías ‘emergentes’ o menos devastadas por la crisis.

¿Veis algún riesgo de brotes xenófobos en España por causa de la crisis?

A lo largo y ancho del Estado, uniformados provistos de pistolas, porras y a veces perros montan dispositivos que identifican y detienen a personas por su aspecto ‘racial’; existen centros de internamiento específicos para personas inmigrantes; el Estado financia macabros vuelos de deportación a los que se sube a las personas deportadas por la fuerza… No hace falta esperar brotes xenófobos de ‘la población’ o preguntarse si ‘la sociedad’ es racista. No hace falta dar protagonismo al discurso de las organizaciones llamadas ‘ultraderechistas’. El Estado español y sus principales partidos políticos han desarrollado políticas racistas y xenófobas, y han generalizado estas prácticas en el corazón de las instituciones. ¿Es racista la gente? Al menos es seguro que el racismo social va a rebufo del institucional.

¿Cómo podemos construir hoy redes de solidaridad entre trabajadores, vecinos, ciudadanos, activistas, que incluyan a los inmigrantes?

Afortunadamente no hay una lucha ‘autóctona’ a la que sumar a las personas migrantes. Hoy en día menos todavía. El entrelazamiento entre población migrante y autóctona en la lucha contra los desahucios o en la lucha contra el recorte sanitario se ha dado de forma natural. La lucha contra la política de extranjería exige un nivel de especialización muy grande, y marca diferencias radicales entre quienes se ven afectadas por ella y quienes tienen un DNI y no tienen que preocuparse por un permiso de residencia. Sin embargo, este nuevo ciclo de conflictos ofrece la posibilidad de que este encuentro se produzca. Y, de hecho, se está produciendo. Uno de los retos es aprovechar ese escenario para lograr que la multiplicación de conflictos sociales refuerce también la lucha contra la política de extranjería.

“La función de los CIE es sembrar el miedo y la sumisión entre la población migrante”

¿Qué función cumplen los CIE en esta política de extranjería? ¿Y las redadas policiales?

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son el eslabón intermedio de la cadena que empieza en las redadas racistas y termina en las expulsiones. Pero su papel no es solamente el de servir de engranaje para llevar a cabo dichas expulsiones. Por el contrario, quizás su función más importante es la de contribuir a sembrar el miedo y, por tanto, la sumisión, entre el conjunto de la población migrante. En realidad, toda la cadena represiva funciona sobre todo como instrumento ejemplarizante: cualquier migrante debe sentir que la posibilidad de acabar en un CIE es real, que ese vuelo de deportación que cuentan en el periódico podría haber sido el suyo. Millones de redadas racistas son efectivas para que las personas migrantes sientan ese miedo. También son eficaces para criminalizarlas, para escenificar en la calle que realmente hay enemigos internos a los que controlar, identificar y expulsar.

¿Ha cambiado en algo la situación de los CIE tras las denuncias?

La avalancha de informes, denuncias y acciones contra los CIE ha llegado a incomodar al Estado español. Concretamente, la sucesión de informes de gran contundencia y la muerte de una persona en el CIE de Aluche (diciembre de 2011) y otra en el de Zona Franca (enero de 2012), nada más iniciada la legislatura del PP, provocó que el nuevo gobierno promoviera reuniones con diversas organizaciones sociales y prometiera la aprobación de un reglamento para los CIE. Año y medio después de aquellas muertes el prometido reglamento aún no se ha aprobado, y el borrador del mismo demuestra que es un mero lavado de cara, hipócrita hasta en la propuesta de cambio de denominación de los centros. Quizás los CIE suenen demasiado a campo de concentración, así que ahora se pretende que su nombre sea Centros de Estancia Controlada de Emigrantes (CECE).

El gobierno ha jugado a enredar a algunas organizaciones con la negociación de dicho reglamento, mientras ganaba tiempo después de la sucesión de escándalos y mientras trataba de presentarse como impulsor de una política más humanitaria: junto a la reforma de los CIE, anunció el supuesto fin de las redadas. Ni una cosa ni la otra se han dado. E incluso las organizaciones que optaron por negociar han visto que lo que se ofrece es más de lo mismo.

El carácter racista, arbitrario y represor de los CIE está en su propio código genético. Por ello no puede haber otro horizonte que acabar con ellos, llámense CIE o CECE. En el libro recogemos ejemplos de luchas que, desde dentro o desde fuera, por toda Europa, han impugnado estas cárceles: concentraciones, marchas, huelgas de hambre, fugas y hasta el incendio del centro de internamiento de Vincennes (Francia).

Habláis de la necesidad de aprender de experiencias de activismo y desobediencia como las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, ¿en qué sentido?

Seguramente si viéramos en retrospectiva la existencia de millones de identificaciones racistas, nos escandalizaríamos de que una sociedad hubiera permitido que se llevaran a cabo. Sin embargo esto está ocurriendo ahora, en esta última década, y no podemos decir que sea algo que pasa desapercibido, pues es bien visible y palpable, ya no sólo a través de los medios de comunicación sino en la experiencia de quienes caminamos por las ciudades y barrios del Estado español.

Es imprescindible denunciar las redadas y, si se puede, impedirlas allí donde se realizan. Las Brigadas han hecho en Madrid un trabajo de documentación y denuncia de las mismas muy valioso. En otros lugares del Estado, a través de intervenciones en los puntos negros de las redadas, existe también todo un bagaje de denuncia y resistencia contra las mismas. Es importante que esa acumulación de experiencias se ponga en común y circule entre los colectivos sociales como aprendizaje colectivo y como forma de reforzarnos mutuamente.
Para más información y para ampliar estas propuestas, el libro Qué hacemos con las fronteras. Y en la web de la ‘colección ‘Qué hacemos’: www.quehacemos.org

Eduardo Romero es miembro de la Asociación Cambalache y de su Grupo de Inmigración. Participa en la iniciativa asturiana “Ruta contra el racismo y la represión”, y es autor de varios libros editados por Cambalache: Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África (2011), Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo (2010), A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión (2008), y Quién invade a quién. El Plan África y la inmigración (2007). También ha participado en las obras Frontera Sur (Virus, 2008), y Si vis pacem. Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente (Bardo Ed. 2011). Colabora además en la publicación feminista La Madeja.